Tratamiento De Aguas

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Ley de Aguas desprotege a comunidades rurales

20.000 campesinos se manifestaron el pasado miércoles contra la Ley General de Aguas en México.

La Ley General de Aguas aprobada por la Cámara de diputados  el pasado 8 de Febrero establece que las empresas privadas y públicas dispongan de los recursos para establecer tarifas para recuperar su inversión, además de consagrar el acceso al agua como un derecho humano.

En función del artículo 4 de La Constitución Mexicana “Toda persona tiene el derecho al acceso de agua, disposición y saneamiento para un consumo personal y doméstico en forma suficiente aceptable. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Los diputados que realizaron la propuesta formal PRI y PAN han afirmado que el agua no se privatizara, puesto que en el Artículo 27 “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.” y en La Ley General de Bienes Nacionales no se modificara.

Sin embargó los integrantes de la Conversión Nacional Campesina, ONG y Colectivos no está de acuerdo ya  que esta Ley afectara la economía de los mexicanos, en especial a sectores que están vulnerables, puesto que las tarifas incrementaran y afectaran la calidad de vida que hoy se tienen, además de que las empresas recuperarían su inversión a costa de las tarifas que se van a cobrar del usuario final o recursos del gobierno.

El Hidrogeólogo de UNAM Rafael Álvarez, opina que esta ley habla de suministrar a los “asentamientos humanos” pero las poblaciones rurales no son prioritarias, sino que además se les puede llegar a excluir afectando seriamente a las comunidades indígenas  ya que el agua será llevada a las personas que paguen bien. Además señala que las bases de datos con las que se avalaron para hacer la ley son deficientes.